La Comisión Europea tratará de acordar ciertas exenciones a las obligaciones de carácter ambiental que impone la PAC para responder a la necesidad de aumentar la producción en respuesta a la guerra en Ucrania, según informó el lunes el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. Este asunto se trató en el Consejo de Agricultura donde también se habló de las «cláusulas espejo» con las que la UE estudia exigir a las importaciones agroalimentarias los mismos estándares que a los productos europeos.
El comisario de Agricultura explicó que tratará de convencer al colegio de comisarios europeos de conceder esas exenciones en 2023 para ayudar a aumentar la producción y responder a la situación creada por la guerra.
«Tenemos que tener presente el problema de la seguridad alimentaria en el mundo», señaló el comisario, que aseguró que la mayoría de países europeos apoyó que haya una exención de la condicionalidad en las rotaciones de cultivo y zonas no protegidas. En este sentido, apuntó que defenderá esa petición para que los países puedan aumentar su producción el próximo año.
Ello podría ayudar a compensar la falta de grano derivada de la guerra en Ucrania, dijo el comisario, que subrayó que los objetivos ambientales de la PAC, consagrados en las estrategias «De la Granja a la Mesa» y de la «Biodiversidad» seguirán vigentes a largo plazo.
Por su parte, el ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, cuyo país ocupa la presidencia de la UE este semestre, señaló que hubo entre sus homólogos un gran respaldo a la idea de extender ciertas derogaciones de 2022 a 2023 por estar en «una situación de crisis».
Ucrania, cláusulas espejo e indicaciones geográficas
Durante la reunión, Wojciechowski pasó revista a la situación en Ucrania y explicó que aunque la prioridad número uno es sacar el grano bloqueado a través de los puertos del Mar Negro, algo en lo que trabaja la ONU, dadas las dificultades existentes la UE busca alternativas para que llegue a los mercados lo más rápido posible.
Según fuentes comunitarias, anunció la puesta en marcha de una plataforma de intermediación, cuyo objetivo es unir fácilmente a las empresas de la UE y Ucrania. La plataforma permitirá a los comerciantes encontrar soluciones para exportar el grano y otros productos agrícolas, así como para suministrar los insumos necesarios a Ucrania.
Bruselas está examinando además la posibilidad de dar ayudas directas a los pequeños agricultores.
Otro debate giró sobre la posibilidad de exigir a los productos agroalimentarios importados desde países terceros los mismos estándares sanitarios y medioambientales impuestos en el club comunitario, una opción que defiende España y que era una de las prioridades de la presidencia semestral francesa de la UE, que concluye el 30 de junio.
Un informe elaborado por la Comisión Europea afirma que hay margen para poder exigir a los alimentos importados por la UE los estándares de producción ambientales y sanitarios que rigen para los productos europeos, siempre que se respeten las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Hay margen para poder exigir a los alimentos importados por la UE los estándares de producción ambientales y sanitarios que rigen para los productos europeos
El informe señala las áreas en las que la UE ya aplica a los productos de fuera los estándares domésticos, a través de ciertos acuerdos multilaterales o bilaterales, y muestra que antes de aplicar estándares de producción a importaciones, es fundamental hacer siempre una evaluación caso por caso.
El ministro español, Luis Planas, afirmó durante el debate que el informe es «excelente» y confirma que es «posible» aplicar las cláusulas espejo a los productos agroalimentarios importados desde fuera del club comunitario.
Wojciechowski recordó que los agricultores, ganaderos, organizaciones de consumidores, ONG y ciudadanos expresaron a la CE que apoyan la iniciativa sobre reciprocidad, mientras que los productores de fuera de la UE, los mayoristas y los productores en su mayoría se oponen.
Los ministros también abordaron los progresos logrados en la reforma del reglamento sobre las indicaciones geográficas, después de que la Comisión Europea presentara la propuesta de revisión el pasado 31 de marzo.
Planas reiteró la oposición de España a que algunas competencias sobre las indicaciones geográficas pasen a depender de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y pidió que la evaluación técnica de los expedientes y las decisiones sobre ellos se mantengan en el seno de la Comisión Europea. En términos similares se expresaron los representantes de Italia, Grecia, Rumanía, Croacia, Polonia o Irlanda.