El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) iniciará el viernes, 22 de abril, el procedimiento de consulta pública previo a la tramitación de varios reales decretos que permitirán la aplicación del Plan Estratégico nacional de la Política Agrícola Común (PAC) para el próximo periodo 2023-2027.
El procedimiento de consulta pública se desarrollará hasta el próximo 6 de mayo y está disponible en este enlace.
Los proyectos de reales decretos objeto de consulta son los siguientes:
- Real decreto sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y para el desarrollo rural en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Esta norma establecerá las disposiciones de aplicación de ambos tipos de intervenciones, que conforman una parte fundamental del Plan.
- Real decreto por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC y de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que establecerá la estructura administrativa y los procedimientos que permitirán la correcta gobernanza y ejecución del Plan.
- Real decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común, que regulará los principios de una de las intervenciones más importantes del Plan en cuanto al apoyo directo que presta a agricultores y ganaderos.
- Real decreto para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
- Real decreto sobre gestión y controles de las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que asegurará el uso correcto y eficiente de los fondos comunitarios.
- Real decreto sobre sobre penalizaciones de las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, que establecerá criterios para penalizar posibles incumplimientos de las condiciones que dan acceso a las ayudas.