El grado de ambición ambiental es uno de los principales puntos que quedan por decidir en las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC), han subrayado este martes representantes de la Comisión Europea (CE).
«El nivel de ambición ambiental sigue siendo uno de los puntos más importantes que les quedan a los legisladores», ha asegurado el jefe adjunto de la unidad de Vino, Frutas y Hortalizas de la Dirección General de Agricultura de la Comisión, Miguel García.
Ha participado, con el jefe adjunto de la unidad de Desarrollo Rural de la CE, Gregorio Dávila, en un encuentro digital organizado por la firma Andersen y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sobre la PAC.
Después de que el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo hayan desbloqueado este mes el presupuesto comunitario para los próximos siete años, se espera que los trílogos o negociaciones a tres bandas, junto a la Comisión, se extiendan hasta abril próximo para fijar las reglas de la reforma de la política agraria, que entrará en vigor en 2023.
LOS PROGRAMAS SECTORIALES SE PODRÍAN FINANCIAR DEDUCIENDO HASTA UN 3% DE LOS PAGOS DIRECTOS
García ha explicado el interés que hay por extender el modelo de apoyo a organizaciones de productores de frutas y verduras a otros sectores, como la producción animal, los cultivos herbáceos o los cereales.
Esos programas sectoriales se podrían financiar deduciendo hasta un 3% de los pagos directos, según el responsable, quien ha señalado que en el vino se está viendo qué parte de los programas nacionales de apoyo se dedican al medio ambiente, mientras en apicultura el apoyo aumentará de manera «considerable» por sus beneficios ambientales.
También existe la posibilidad de retocar la organización común de mercados, permitiendo la producción de vinos sin alcohol para abrir nuevos mercados y autorizando nuevas variedades más resistentes a los cambios de clima y las enfermedades para reducir la dependencia de los pesticidas, entre otros aspectos mencionados por García.
Por su parte, Dávila ha destacado que, en los trílogos, la Comisión actúa como facilitador entre los legisladores para alcanzar acuerdos.
Sobre la vinculación de los pagos de la PAC a acciones de protección medioambiental, donde jugará un papel vital el grado de ambición ambiental, el jefe adjunto de Desarrollo Rural ha mostrado «preocupación» por la posición del Consejo, «donde se ha rebajado la ambición», y determinadas derogaciones del Parlamento «que podrían socavar la condicionalidad».
Dávila ha detallado algunos de puntos que están en el debate, como el peso del agricultor genuino, las ayudas acopladas o el apoyo a los jóvenes.
Entre las claves de la propuesta de los países de la UE, ha citado la introducción de compras de terreno, la banda ancha, las energías renovables y la protección ante inundaciones en los fondos de desarrollo rural; el Parlamento, por su parte, pretende que haya nuevas obligaciones para financiar asesoramiento verde, inversiones y objetivos específicos.
El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria Asaja, Ignacio López García-Asenjo, ha resaltado en su intervención en el encuentro el cambio de gobernanza que se espera con la nueva PAC, con la toma de decisiones trasladada de la Comisión a los Estados, por lo que «el debate nacional será muy relevante».
Además, ha incidido en la importancia de los ecoesquemas, medidas complementarias en favor del clima a las que se destinará más del 20 % de los pagos, lo que obligará a los agricultores a «acogerse a algunas de estas medidas para lograr un nivel similar» de cobros a los que tenían con el modelo actual.